Opinión

La salida no es más represión

 

 

La violencia sobre mujeres y niñas no da tregua en Junín. El 4 de octubre paso un mes del femicidio de Carina Simeon, 15 días antes una joven denunciaba una violación en Barrio Los Almendros y una menor otro abuso sexual por parte de su profesor. El sábado dos días antes del comienzo del juicio por el femicidio de Camila Borda, una piba de 16 años ingresa al hospital victima de un abuso sexual ultrajante y golpes físicos. Toda esta violencia tiene causas económicas, políticas y sociales.

La semana pasada el intendente Pablo Petrecca anunciaba con bombos y platillos el PROYECTO de una casa refugio para mujeres y niñas, un reclamo sentido para las mujeres de Junín, y allí mismo en nota a un medio periodístico agregaba que “las mujeres no están solas, el Estado las acompaña”. Una falacia. Hoy, el estado nacional y provincial están negociando con las Iglesias la asistencia social a los sectores más vulnerables a cambio de no modificar una ley de educación sexual integral que sea laica científica, integral con perspectiva de genero que permite identificar los abusos sexuales en la infancia y adolescencia. Estas Iglesias promovieron, encabezaron y organizaron la lucha para negarnos también el aborto legal seguro y gratuito con el argumento de “salvar las dos vidas”, hoy la consigna se renueva con el “#ConMisHijosNoTeMetas.

En Junín esta alianza iglesias/municipio fue coronada por una reunión con los principales referentes de los cultos con el ejecutivo y un festival encabezado por la Iglesia Evangélica, culto del que participa el Intendente Pablo Petrecca.

 

 

La importancia de la ESI

 

La semana pasada, las clases de educación sexual permitieron que nueve alumnas de un sexto grado de General Roca contaran que, dos años antes, su profesor las manoseaba. La docente les explicó que sus partes íntimas no podían ser toqueteadas, y una nena contó, y otra y otra. Lo mismo en Formosa. Cuando la directora les mostró un dibujo de un pene y una vagina, una nena de 7 años dijo que el pene ya lo conocía. Se lo había mostrado muchas veces el director de la Biblioteca del Poder Judicial, donde la madre trabajaba. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufren abuso sexual antes de los 18 años. Se denuncia aproximadamente el 10% de los casos y se condena menos del 1%. En el 90% de los casos, el abusador es alguno de sus familiares varones.

La función de la educación sexual laica y científica es ayudar a las chicas y a los chicos a familiarizarse con sus cuerpos, a identificar sus deseos, a expresar dudas y temores, a derribar prejuicios. Es indispensable que comience en la primera infancia, porque es cuando comienzan los abusos. Es eficaz para prevenir el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual. Para develar los mecanismos de poder entre los sexos. Debe funcionar en la escuela como un espacio deliberativo y democrático, donde los adolescentes discutan las múltiples opresiones -sexuales, de género, de clase- a las que los somete este régimen social.

En las últimas semanas se multiplicaron los ataques de las iglesias católica y evangélicas contra la posible derogación del artículo 5 de la Ley de ESI, que habilita su dictado de acuerdo al “ideario institucional” de cada escuela –es decir, dejar a millones de alumnos librados al oscurantismo clerical.

Los enemigos de la educación sexual son, casualmente, organizaciones clericales -católicas, evangélicas- que predican la obediencia y la resignación, que enseñan que “nacimos para sufrir en este valle de lágrimas” y lo mejor viene post mórtem. Son claves en la defensa de la propiedad privada, el orden social y las fuerzas represivas, y militantes históricas de la opresión de las clases oprimidas, las mujeres y la juventud.

Pero, además, son instituciones inficionadas por el abuso sexual, la violación, la pedofilia. Los enemigos de la ESI, los defensores de “con mis hijos no te metas” defienden este modelo putrefacto de familia, protegen abusadores y violadores, en la casa o en la Iglesia. O directamente son los abusadores y se protegen a sí mismos.

Por eso detrás de las organizaciones de padres abusadores que fueron alejados de sus hijos -como Apadeshi, Afamse, etcétera- están siempre los mismos nombres: los del ultraderechista y familiarista Consorcio de Abogados Católicos. No solo les dan asistencia legal gratuita sino que actúan contra los peritos y los denunciantes en lo que se denomina “backlash al abuso sexual infantil”: acosan a las madres, a los profesionales, a las periodistas.

El movimiento de mujeres debe romper con las variantes políticas que cambiaron el pañuelo verde por el amarillo y blanco del Vaticano con las excusas que sean. Es ridículo el planteo de que la lucha unitaria contra el ajuste o contra el hambre debe librarse al precio de reforzar la opresión de las mujeres y de la juventud. La educación sexual, el derecho al aborto legal y gratuito son tan.

 

Por Plenario de Trabajadoras de Junín
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